Hace más de una década, vecinos de San Nicolás, enArgentina, denunciaron vuelcos de residuos peligrosos y enterramiento de residuos tóxicos de la empresa Atanor en el río Paraná, uno de los principales corredores de biodiversidad de Suramérica.
"Su dinámica de crecidas y bajantes conecta el cauce con lagunas, arroyos, islas y humedales, y sostiene sitios de alimentación, reproducción y migración para cientos de especies", indica a DW Agostina Rossi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
"En la cuenca del río Paraná, los peces migratorios de agua dulce son el motor invisible de las redes tróficas acuáticas: sostienen desde el zooplancton hasta los grandes depredadores, y con ello el sustento alimentario de comunidades ribereñas y de una enorme diversidad de fauna asociada al río", complementa a DW Francisco Rilla, consultor independiente sobre biodiversidad de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS).
Con ello concuerda la vocera de Greenpeace Argentina, quien subraya las funciones para las comunidades. "Provee agua, alimentos y medios de vida", puntualiza. Por este motivo, Rilla asegura que "mantener sus aguas libres de contaminación industrial y de microplásticos no es solo una cuestión de calidad ambiental, sino una condición indispensable para que los peces migratorios puedan seguir cumpliendo su función ecológica y su papel como fuente de proteína para millones de personas".
Lo que parece lógico en teoría no se ha llevado a cabo en la práctica. "La primera legislación ambiental de nuestro país, de 1890 y de tan solo tres artículos, prohíbe el vuelco de residuos cloacales o industriales sin tratamiento previo al río Paraná", recuerda a DW Fabián Maggi, abogado que llevado el proceso contra la empresa Atanor.
"Después de eso, vinieron casi 100 años de oscurantismo", dice el letrado y también vecino de San Nicolás, al lamentar el caldo de cultivo que ha provocado esta situación. "Los intereses económicos de los grandes capitales controlan el poder político, que controla la designación de autoridades dentro de los poderes del Estado. Ese mecanismo es el que ha permitido décadas de impunidad", recalca este integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El pasado 8 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el último recurso presentado por Atanor y dejó firme una sentencia que determina que los efluentes industriales de Atanor provocaron un daño irreversible en el río Paraná por la presencia de atrazina en concentraciones superiores a los parámetros admitidos.
"La propia sentencia explica que la recomposición resulta prácticamente imposible porque el agua y los sedimentos contaminados fluyen río abajo, dispersando los efectos sobre sectores difíciles de determinar y medir. Esto afecta la calidad del agua, los sedimentos y la biodiversidad acuática, desde los microorganismos y los invertebrados hasta los peces y el resto de la cadena alimentaria", explica la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Además de confirmar que los tratamientos utilizados por la empresa resultaron insuficientes para eliminar los compuestos contaminantes, la resolución judicial va más allá de la responsabilidad de la empresa. "Evita señalar las graves deficiencias por parte del Estado, que serían la demora, sí señala la del Poder Ejecutivo y la del Ministerio de Ambiente, clasificando de deficiente los controles de esas autoridades", recalca Maggi, a la vez que critica que "hoy sigue habiendo corrupción estructural por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires".
De este modo, esta sentencia es una pieza del rompecabezas que componen varias causas judiciales en paralelo, debido a la "imposibilidad de lograr las sanciones que la empresa merecía". "Tuvimos que elaborar una estrategia múltiple", explica el abogado, apuntando a una denuncia por un juez denunciado por mal desempeño.
"Hemos denunciado a Carlos Villafuerte Russo, titular del juzgado federal número uno de San Nicolás. Es un juez que tiene cerca de 70 y pico de años y ha sido uno de los principales garantes de la impunidad en la empresa Atanor", asegura Maggi, que sostiene que dicha diligencia se formalizó ante el Consejo de la Magistratura, la autoridad que regula la labor de los jueces.
Asimismo, en 2018 se denunció el atraso que ha tomado el caso. "La demora constituye la violación del derecho humano de la garantía de resolución en plazo razonable. La hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aún se encuentra en pleno trámite", dice.
A pesar de sentirse relativamente satisfecho con la sentencia, el abogado recuerda a los más de 200 habitantes de San Nicolás fallecidos por cáncer durante este periodo y recalca que "el río Paraná está contaminado por diversas empresas, incluso también por desechos urbanos no industriales". "Hay decenas de casos como el de Atanor, y cientos a menor escala, y hay varias jurisdicciones involucradas, internacionales, nacional, provinciales y municipales", agrega a DW Héctor Daniel Papaleo, exprofesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires por 35 años.
Entre ellos, se encuentra el arroyo Pavón, en la provincia de Santa Fe, que desemboca en el río Paraná. "El problema es la contaminación que producen las plantas de desagües cloacales de pueblos aledaños y emprendimientos rurales no autorizados de faena de ganado porcino que vierten los desechos al curso de agua y no son controlados por las autoridades de la provincia de Santa Fe", explica este ingeniero geofísico, nacido en el pueblo colindante Coronel Bogado.
"Es un arroyo muy fácil de gestionar ya que nace y desemboca en jurisdicción de la provincia", argumenta Papaleo, que lamenta la falta de voluntad política para resolver el asunto. "La provincia tiene un Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que es solo una fachada porque no actúa", considera.
No obstante, el caso de los vecinos de San Nicolás puede influenciar otros. "Deja asentado que la falta de un parámetro específico para una sustancia no puede transformarse en una autorización para contaminar. El daño puede acreditarse mediante evidencia científica y a partir de los principios preventivo y precautorio", subraya la vocera de Greenpeace Argentina, a la vez que recalca el papel clave de la lucha ciudadana en este tipo de procesos. "Demuestra que la organización sostenida de una comunidad puede romper años de impunidad y obligar a que una empresa contaminante responda por sus actos", concluye.
(rr)